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Carabineros: recursos que se obtienen por robo de madera podrían destinarse a comprar armas

Incautaciones de costosas maquinarias y equipos de trabajo forestal hablan de organizaciones delictuales con acceso a recursos. El robo de m...

Incautaciones de costosas maquinarias y equipos de trabajo forestal hablan de organizaciones delictuales con acceso a recursos.

El robo de madera que afecta a predios forestales en el sur del país no es ilícito de pequeña escala. Solo en 2016, el combate de este delito suma la incautación de 41 vehículos, entre camiones, grúas, tractores, camionetas y furgones, con un avalúo de $908 millones. En tanto, el Gobierno estima que el perjuicio tributario ocasionado bordea los $1.000 millones.

Se trata de una actividad compleja, en que participan bandas con un alto grado de especialización. "Existen verdaderas organizaciones ilegales en torno al negocio de la madera, aserraderos clandestinos, venta ilegal de madera sustraída", explica Máximo Lira, general de Carabineros a cargo de la Zona de Control de Orden Público que opera en las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

La actividad funciona tal cual lo hace la industria formal: con cuadrillas encargadas de la tala, técnicos a bordo de la maquinaria y transporte.

Un rol central lo cumplen quienes "blanquean" la madera robada, a través de facturas o planes de manejo falsos.

Según fuentes relacionadas con la investigación de estos casos, la madera ilegal puede llegar a costar hasta tres veces menos que la producida de manera legal, lo que constituye el principal incentivo del delito.

"Los destinos de los recursos obtenidos de la madera sustraída pueden ser diversos, tales como financiar las necesidades básicas de los individuos hasta el financiamiento de hechos ilícitos y otros como, por ejemplo, la adquisición de armas de manera ilegal", afirma Lira.

"No se descarta nada al respecto, todo es materia de investigación", añade el policía.

Esta eventual conexión entre el robo de madera y la violencia que existe en la provincia de Arauco y la Región de La Araucanía tiene asidero para el Gobierno, y también para los que conocen el rubro.

De hecho, el 28 de septiembre, en un operativo contra una compleja faena forestal ilegal en Tirúa, y que dejó 21 detenidos en Tirúa, además de costosa maquinaria, se encontraron municiones.

En otras acciones policiales similares, es común que la policía encuentre armas o municiones.

"El conflicto se mezcla con el delito y eso es así", dice Patricio Santibáñez, presidente de la Corporación de la Madera (Corma) en La Araucanía. "Donde hay zonas de conflicto, hay delito", agrega el dirigente gremial.

René Muñoz, el presidente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) coincide con esta visión.

"Lo más terrible, es que hay un comprador. Y ese comprador está contribuyendo a un negocio irregular, una cosa que no es legal, y todos lo sabemos", dice.

"Esta plata es una forma de financiar el conflicto. Las empresas que compran ayudan a que este negocio se mantenga funcionando, y los organismos que deberían velar por esto deberían preocuparse de 'destapar la olla'. Si no se hace, se seguirá manteniendo el conflicto", añade Muñoz.

El robo de madera afecta especialmente a las provincias de Arauco, Biobío, y Malleco, en La Araucanía.

Sin embargo, Rodrigo Díaz, intendente de la Octava Región, es prudente a la hora de relacionar el robo de madera con la adquisición de elementos que favorezcan la violencia rural.

"Estamos trabajando en la persecución del robo de madera, pero los fines a los que se puedan destinar los recursos de esa actividad son parte de la investigación que dirige el Ministerio Público. Ningún tipo de destino potencial se descarta, eso es parte de la investigación y es parte de los temas que serán puestos a disposición de los tribunales", añade el intendente del Biobío.

MERMA :Gobierno estima que el perjuicio tributario ocasionado bordea los $1.000 millones.

45 Vehículos y máquinas de trabajo se han incautado por robo de madera en lo que va del año.

80 Detenidos ha dejado el combate a este delito durante los primeros 10 meses de 2016.

$900 Millones es el avalúo de la maquinaria y herramientas incautadas en el sur.

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